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BuscarLa Fiscalía sostiene que, si las joyas halladas en el despacho del expresidente fueron un regalo recibido durante su mandato, debían incorporarse al Patrimonio del Estado. El juez ha pedido las actas de obsequios institucionales antes de decidir sobre otras diligencias.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investigue al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos, relacionado con unas joyas halladas en su despacho y tasadas preliminarmente en más de 1,3 millones de euros.
La petición parte de la versión que ha ofrecido Zapatero: que las piezas fueron un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah, durante su visita oficial a España en junio de 2007. La fiscal María Elena Lorente argumenta que, si ese relato es cierto, el expresidente recibió las joyas como presidente del Gobierno y debía entregarlas al Patrimonio del Estado al dejar el cargo.
La Fiscalía basa esa interpretación en el Código de Buen Gobierno de 2005, vigente durante los mandatos de Zapatero. Este establecía que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio estatal, en lugar de ser conservados por quien los recibiera en razón de su cargo.
Un elemento central para la Fiscalía es el acta de entrega a Patrimonio del Estado fechada el 1 de marzo de 2012, después de que Zapatero dejara la Presidencia. Según el informe fiscal, en esa relación no aparecen las joyas investigadas, aunque sí figura otro obsequio del mismo monarca: un reloj de sobremesa con esmeraldas.
La fiscalía sostiene que, de confirmarse la recepción oficial y la falta de entrega, las piezas podrían haber adquirido carácter de caudales públicos al ser recibidas en La Moncloa. A partir de esa premisa, plantea que la omisión en el inventario de 2012 podría constituir malversación. Se trata de la posición de Anticorrupción, no de una conclusión judicial sobre la culpabilidad del expresidente.
La Fiscalía también considera que el posible delito no habría prescrito: en su escrito aplica un plazo de 15 años, contado desde la entrega de los regalos a Patrimonio en marzo de 2012. La existencia del delito, su calificación y el cómputo de la prescripción deberán determinarse en el procedimiento.
En paralelo, Calama ha reclamado a Patrimonio del Estado que remita, en un plazo de dos días, las actas de aceptación de obsequios institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011. Esa documentación permitirá contrastar qué regalos constan oficialmente en los registros de la Administración.
La defensa de Zapatero había solicitado una comisión rogatoria a Arabia Saudí para tratar de verificar el origen de las joyas. Anticorrupción se opone a esa diligencia por considerar que el foco de la investigación debe estar en España, donde, según la versión del expresidente, se entregaron las piezas. La Fiscalía también cuestiona el valor probatorio de las cartas que la defensa afirma haber enviado a las autoridades saudíes, al señalar que no consta acuse de recibo.
El juez ha pedido primero los registros españoles y decidirá después si solicita información a Riad. La causa sobre las joyas se tramita en una pieza separada relacionada con la investigación por presunto contrabando; la petición de investigar también por malversación amplía las cuestiones que deberán esclarecerse, pero no equivale a una condena.
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