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BuscarLa operación, valorada en 100 millones de euros, busca conservar de forma permanente la protección pública de los pisos y dar continuidad a sus cerca de 1.700 residentes cuando venza el régimen actual en noviembre de 2028.
El Gobierno vasco ha alcanzado un principio de acuerdo con Testa Residencial, vinculada al fondo Blackstone, para adquirir el derecho de superficie de 510 viviendas protegidas en Benta Berri, Donostia. El importe anunciado ronda los 100 millones de euros, unos 196.000 euros por vivienda. El Ministerio de Vivienda aportará 30 millones y el Ejecutivo autonómico cubrirá el resto.
El objetivo es que los pisos mantengan de forma permanente su calificación de protección pública y continúen destinados al alquiler protegido. Así se busca evitar que, al concluir el periodo de protección vigente, puedan pasar al mercado libre. La firma está prevista para finales de 2026; por ahora, lo anunciado es un principio de acuerdo.
Los alrededor de 1.700 residentes podrán seguir en sus viviendas con alquileres de entre 600 y 1.000 euros mensuales, según la información publicada. La operación no crea pisos nuevos: incorpora al parque público de alquiler las viviendas existentes y reúne bajo titularidad pública el suelo y el derecho de superficie.
El origen del régimen actual se remonta a 1994, cuando el Gobierno vasco cedió a las empresas promotoras el derecho de superficie sobre terrenos públicos durante 75 años, hasta 2069. Los primeros inquilinos llegaron en 1998 y la protección de las viviendas se estableció por 30 años, con vencimiento en noviembre de 2028.
A comienzos de 2026, cerca de 40 inquilinos recibieron avisos de que sus contratos no se renovarían a su vencimiento. La preocupación dio paso a una movilización vecinal organizada en torno a la asociación Alokairu y respaldada por Stop Desahucios. El Ayuntamiento de Donostia también había instado a buscar una solución para las familias afectadas.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, afirmó que el precio de la compra es comparable al que habría supuesto construir desde cero un número similar de viviendas. También señaló que no había 510 viviendas de alquiler disponibles en la ciudad y su entorno para realojar a sus residentes. Son argumentos del Ejecutivo para justificar la operación; el principio de acuerdo no supone que se incorporen nuevas viviendas al parque residencial.
El Gobierno vasco ya es propietario del suelo. Con la adquisición del derecho de superficie, pretende integrar en una misma titularidad pública tanto el terreno como los inmuebles y asegurar el destino de estos últimos al alquiler protegido de manera permanente. El acuerdo, por tanto, busca dar continuidad al régimen de vivienda pública más allá de la fecha de vencimiento de la protección actual.
La operación se presenta como un caso poco habitual en España. En Euskadi, las nuevas viviendas de protección oficial cuentan con calificación permanente desde 2003, pero las de Benta Berri fueron adjudicadas antes de ese cambio. El Ejecutivo vasco también ha señalado que prevé una reforma legal que, según sus cálculos, podría beneficiar a otras 500 viviendas, aunque ese desarrollo es distinto del acuerdo anunciado para Benta Berri.
La compra puede ampliar el parque público de alquiler de Donostia y reducir la incertidumbre sobre la permanencia de los residentes. Su alcance inmediato, sin embargo, se limita a estas 510 viviendas: no añade oferta nueva ni resuelve por sí sola las necesidades de vivienda de la ciudad. La firma definitiva y la ejecución de los términos acordados son los próximos hitos.
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