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BuscarEl proyecto está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, después de que la CNMC recomendara flexibilizar algunos requisitos. El Ejecutivo prevé llevarlo al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre de 2026.
El Gobierno espera aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el real decreto que establecerá requisitos para los centros de datos en España. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que el Ejecutivo trabaja con ese objetivo, aunque la norma todavía no ha completado su tramitación.
El proyecto ya cuenta con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según la información disponible, el expediente queda pendiente de la valoración del Consejo de Estado, que realizará el examen jurídico del texto.
La CNMC ha recomendado flexibilizar algunos aspectos, en particular las exigencias de adicionalidad —vinculadas a que la energía renovable proceda de nueva generación— y de correlación horaria entre el consumo y la producción renovable. El alcance definitivo de esos posibles cambios dependerá de cómo avance la tramitación; las fuentes no precisan si el Gobierno los incorporará.
El Ejecutivo pretende remitir el texto al Consejo de Ministros por la vía urgente a finales de octubre o principios de noviembre. La meta es aprobarlo y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de las elecciones. Se trata de un calendario previsto, no de una aprobación ya consumada.
La propuesta establece que los centros de datos acrediten que al menos el 80 % de su consumo eléctrico anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables. Para estas últimas, el proyecto fija que su entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del centro de datos.
La norma está liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, junto con los departamentos de Economía y de Transformación Digital. El texto también contempla requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital, aunque la información disponible no detalla todos sus criterios ni la redacción final que tendría cada obligación.
López ha defendido que la regulación debe permitir el desarrollo de estas infraestructuras sin que su demanda energética perjudique a otros consumidores o sectores. Esa es la posición expresada por el ministro; el proyecto aún no está aprobado y sus obligaciones podrían variar durante la fase final de revisión.
Como el real decreto no requiere aprobación parlamentaria, el Gobierno busca completar el procedimiento antes de la convocatoria electoral. Por ahora, los hitos confirmados son el informe de la CNMC ya emitido y la valoración pendiente del Consejo de Estado. La aprobación en Consejo de Ministros y la publicación en el BOE siguen siendo objetivos del Ejecutivo, no hechos realizados.»
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