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BuscarEl Consejo de Ministros ha reactivado los Reales Decretos-Ley de vivienda con una dotación de 10.000 millones de euros para la línea 'Tu Casa'. Este mecanismo ofrece préstamos públicos al 0% de interés, sin comisiones, de hasta 50.000 euros o el 20% del valor de la vivienda, para cubrir la entrada de la primera vivienda habitual. La gestión corresponderá al ICO y el plazo de devolución es de 10 años tras un periodo de carencia vinculado a la hipoteca. El decreto también incluye medidas de protección frente a desahucios y límites a la especulación, aunque su entrada en vigor depende de la convalidación parlamentaria.
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los Reales Decretos-Ley de vivienda, incorporando modificaciones tras el rechazo inicial en el Pleno del Congreso. El eje central de esta nueva propuesta es la línea 'Tu Casa', un mecanismo de financiación pública dotado con 10.000 millones de euros destinado a facilitar la compra de la primera vivienda habitual. El objetivo es cubrir la parte de la entrada que las familias no logran ahorrar, complementando la hipoteca privada sin sustituir a las entidades bancarias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la reaprobación de los decretos argumentando que las "circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado". Según sus declaraciones, las medidas buscan "poner pie en pared a los fondos buitre" y ofrecer soluciones de "puro sentido común" ante la crisis de vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha precisado que el mecanismo está dirigido a familias con ingresos estables que, debido a la especulación, no han podido acumular el ahorro necesario para acceder a una hipoteca.
El texto legal publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece las condiciones básicas de la financiación. El préstamo se concederá al 0% de interés y sin comisiones. El importe máximo será el menor entre dos cifras: el 20% del valor de la vivienda o 50.000 euros. Por ejemplo, para una vivienda valorada en 200.000 euros, el préstamo máximo sería de 40.000 euros; para una vivienda de 250.000 euros o más, el tope se situaría en los 50.000 euros completos.
La gestión de la línea corresponderá al Instituto de Crédito Oficial (ICO), con recursos procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El plazo de devolución del capital se fija en 10 años, pero el beneficiario contará con un periodo de carencia durante el cual no deberá amortizar el préstamo. Esta carencia estará vinculada al plazo de la hipoteca privada asociada, con un máximo de 30 años. Esto permite al comprador aplazar el pago del préstamo público durante buena parte de la vida de su hipoteca.
A cambio de estas condiciones, la vivienda adquirida quedará sujeta a una limitación permanente de su precio de transmisión. El propietario que desee venderla en el futuro no podrá fijar un precio superior al de la adquisición, actualizado conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). No obstante, el precio sí podrá incrementarse proporcionalmente si se han realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Esta limitación se hará constar en la escritura pública de adquisición y se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
El decreto no fija por ahora los requisitos específicos de acceso, como límites de renta, edad máxima o tope al precio de la vivienda. El texto remite a un desarrollo posterior mediante un Acuerdo de Consejo de Ministros y convenios para determinar los beneficiarios definitivos y el procedimiento de solicitud. Por el momento, no se establece ningún límite de edad para acceder a la financiación, aunque se condiciona la letra pequeña a un futuro reglamento.
El decreto no se limita a la compra de vivienda. Incluye otras 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler, crear más oferta y combatir la especulación. Entre ellas destacan:
La entrada en vigor de estas medidas depende de la convalidación parlamentaria. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, los decretos deben ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano está conformado por 69 diputados. El bloque que apoyó el primer decreto (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) cuenta con 35 escaños, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Sin embargo, el segundo decreto, que regula la renovación automática de alquileres, no recibiría mayoría suficiente en la Diputación Permanente debido al rechazo del PNV, lo que podría impedir su aplicación.
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