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BuscarLa documentación remitida a la Audiencia Nacional incluye facturas, albaranes, partes de trabajo, controles horarios y correos sobre la obra de la variante de Logroño. La investigación debe determinar qué servicios se prestaron y si los pagos tuvieron alguna relación irregular con la adjudicación.
Acciona Construcción ha remitido a la Audiencia Nacional las facturas emitidas por Servinabar 2000 S.L.U. a la UTE responsable de la variante de Logroño. El importe total asciende a 1.957.000 euros, IVA incluido. La entrega responde a un requerimiento del juez Ismael Moreno, fechado el 17 de julio, dentro de una de las líneas de investigación del caso Koldo.
La documentación permite conocer qué respaldos ha aportado la constructora sobre los pagos, pero no determina por sí sola si todos los trabajos facturados se realizaron ni si existió una relación irregular con la adjudicación. Esas cuestiones siguen bajo investigación judicial.
Además de las facturas, la empresa aportó albaranes y partes de trabajo del personal de Servinabar, controles de presencia, horas trabajadas y registros de los vehículos utilizados en el proyecto. El conjunto incluye también estados mensuales de jornadas y horas, así como correos electrónicos intercambiados por el técnico asignado por Servinabar con trabajadores y responsables de la UTE.
Según la información difundida sobre el escrito presentado ante el juez, Acciona sostiene que ese material respalda los servicios facturados. La presentación de esos registros constituye la versión documental de la empresa; su contenido y correspondencia con las tareas contratadas deben valorarse en el marco de la causa.
Los pagos se refieren a trabajos de Servinabar para la UTE Variante de Logroño, vinculada a la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja. La Guardia Civil había señalado previamente esta obra en su investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la etapa en que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes.
Entre los antecedentes figura un memorándum de entendimiento firmado en diciembre de 2018 por Acciona y Servinabar para colaborar en el proyecto. La adjudicación oficial del contrato a una UTE de la que formaba parte Acciona se produjo en septiembre de 2019. La investigación examina, entre otros aspectos, la relación temporal y económica entre ese acuerdo, la adjudicación y los servicios posteriormente facturados.
La hipótesis investigada es si los pagos respondieron a trabajos reales o si pudieron encubrir comisiones relacionadas con la adjudicación de obra pública. La UCO también analizó comunicaciones vinculadas a la obra y la relación de Servinabar con responsables y personas investigadas en la causa. Se trata de líneas de investigación, no de una conclusión sobre la naturaleza de los pagos.
Por tanto, la documentación remitida por Acciona acredita el importe facturado y los soportes que la compañía ha presentado para justificarlo. No resuelve por sí misma si los servicios se ejecutaron en los términos descritos ni si hubo una contraprestación irregular: esas cuestiones corresponden a la instrucción judicial y a la valoración de las pruebas.
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