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BuscarAlberto Anaya, dirigente del PT, reveló que la UIF congeló las cuentas de Gerardo Sánchez Zumaya sin orden judicial para presionarlo políticamente. El empresario, vinculado a contratos millonarios con Pemex, abandonó México tras renunciar a su candidatura.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien buscaba la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí respaldado por la coalición Morena-PT. Tras esta acción fiscalizadora, el político y empresario abandonó el territorio nacional, según reveló Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT). El líder petista sostiene que la medida se tomó sin orden judicial ni carpeta de investigación con el objetivo de presionar a Sánchez Zumaya para que renunciara a sus aspiraciones políticas.
Alberto Anaya acusó a la UIF de haber vulnerado los derechos constitucionales del empresario, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho de audiencia. Según el dirigente, el congelamiento afectó no solo a Sánchez Zumaya, sino también a sus familiares, forzándolo a salir del país bajo la condición de perseguido político.
“Nosotros apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez, que le metieron un congelamiento a sus cuentas, de sus familiares, para obligarlo a renunciar, y hoy está fuera del País, perseguido político”, afirmó Anaya.
El empresario había renunciado a su candidatura el 24 de septiembre de 2026, citando inicialmente motivos personales y familiares. Un mes después, Anaya relacionó públicamente ese retiro con el bloqueo financiero, aunque no existe una determinación judicial que confirme que la UIF utilizó esta medida para obligarlo a abandonar la contienda electoral.
En respuesta al congelamiento, una red de personas físicas y morales conectadas con Sánchez Zumaya ha promovido amparos ante tribunales federales para impugnar la medida. Entre los casos documentados se encuentra la empresa Grupo Mineral y Logistic (GML), constituida en 2014 con un capital inicial de 50 mil pesos. En diciembre de 2025, esta compañía presentó un cheque por 400 millones de pesos para incrementar su capital social ante el notario público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón.
La investigación señala que Cachón tiene nexos con el senador morenista Adán Augusto López Hernández y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como líder de la organización criminal La Barredora. Tras estos movimientos, la empresa comenzó a recibir contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Informes de 2025 indican que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) pagaron facturas que superan los 2,800 millones de pesos a otras tres empresas fantasma presuntamente relacionadas con Sánchez Zumaya. Este caso se suma a una investigación previa de Reforma publicada en septiembre de 2024, que reveló que la empresa Petrogesa, propiedad de Sánchez Zumaya, recibió contratos millonarios bajo un esquema de empresas fantasma y lavado de dinero, facturando más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.
La investigación también apunta a la participación de Héctor Manuel Portales Ávila, familiar de Sánchez Zumaya, quien se desempeña como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso penal contra Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques. Portales ha expuesto presuntos acuerdos entre este narcotraficante, autoridades y el crimen organizado para permitir el tráfico ilícito de combustibles, conocido como huachicol fiscal.
Hasta el 23 de octubre de 2026, no se ha confirmado oficialmente el motivo del bloqueo ni si existe una orden de aprehensión contra Sánchez Zumaya. Tampoco se conoce el país donde permanece, la fecha exacta de su salida ni si enfrenta algún requerimiento judicial que restrinja su regreso a México. La presentación de amparos no implica que un juez haya declarado ilegal el bloqueo, sino que los afectados cuestionan los actos de autoridad ante la justicia.
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