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BuscarLos cinco oferentes seleccionados para adquirir Tubos Reunidos se niegan a asumir la deuda de 150 millones de euros con la SEPI. La administración concursal respalda esta postura al considerar el préstamo subordinado, mientras el Estado exige su transferencia, lo que complica la viabilidad de la empresa y el pago de nóminas.
El principal obstáculo para la venta de los activos de Tubos Reunidos no es la falta de interés por parte de los inversores, sino la disputa sobre el destino de la deuda acumulada. La empresa arrastra una deuda total de 300 millones de euros, de los cuales 150 millones corresponden al crédito concedido por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) en 2021, cuyo principal inicial era de 112,8 millones.
Los cinco grupos que han presentado ofertas seleccionadas coinciden en un punto: ninguno está dispuesto a asumir esta deuda como parte de la adquisición de las unidades productivas. Según fuentes de la empresa, los oferentes no han solicitado la condonación del préstamo, sino que piden que este no se transfiera a las nuevas entidades que adquieran las plantas. Esta postura es compartida por la administración concursal, que ha emitido informes calificando la deuda de la SEPI como subordinada al tratarse de un préstamo participativo. Bajo esta interpretación jurídica, la deuda no debería viajar con los activos, quedando en manos del deudor original (la sociedad en concurso) y no del comprador.
La SEPI, como principal acreedor, sostiene la posición contraria: la deuda debe ser asumida por las unidades productivas que se transmitan. Para respaldar esta exigencia, la entidad ha presentado una opinión preliminar de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. En este documento se argumenta que condonar la deuda constituiría una ayuda de Estado no autorizada, lo cual está prohibido por la normativa europea.
Es importante matizar que este informe no tiene carácter vinculante y no representa la posición definitiva de la Comisión Europea. No obstante, su existencia añade una capa de complejidad legal al proceso, ya que cualquier decisión del juzgado que condone la deuda podría ser impugnada o requerir notificaciones adicionales a Bruselas. El conflicto se resuelve, en última instancia, ante el juzgado competente del concurso, que deberá decidir si la deuda se transfiere o se queda en la sociedad deudora.
Pese a la incertidumbre sobre la venta, la actividad operativa de Tubos Reunidos muestra señales de recuperación parcial. Durante los primeros 20 días de octubre, la empresa registró pedidos por un valor de 15 millones de euros, lo que supone un aumento del 105% respecto al mismo periodo de 2025. El 85% de estos pedidos corresponde a la planta de Amurrio (Álava) y está destinado principalmente al mercado estadounidense, donde los precios del tubo de acero sin soldadura han subido.
Sin embargo, esta mejora en la entrada de pedidos no se traduce inmediatamente en liquidez. La facturación sigue por debajo de la registrada en 2025 y la tesorería es crítica. La dirección ha advertido a los sindicatos de que la capacidad para pagar las próximas nóminas depende de la generación de caja derivada de la actividad productiva. Aunque se prevé abonar la paga extraordinaria de octubre en la planta de Trapagaran (Bizkaia), la empresa no descarta retrasos puntuales en el pago de nóminas o de las pagas extraordinarias de diciembre si la liquidez no mejora.
En la planta de Iruña Oka (Navarra), la más pequeña con unos 60 trabajadores y dedicada al enroscado de tubos, la administración concursal ha informado de la necesidad de acometer medidas de ajuste ante la falta de pedidos, las cuales se negociarán en los próximos días.
Todas las ofertas presentadas contemplan reducciones de plantilla. Solo tres de los cinco oferentes se comprometen a mantener la actividad en las dos plantas principales: Amurrio y Trapagaran. Esta divergencia es crucial para los trabajadores y los sindicatos, que defienden la viabilidad de todas las plantas y el empleo.
El grupo indio Welspun, uno de los oferentes, ha citado a los representantes del comité de Trapagaran para ofrecer detalles sobre su propuesta. Este grupo, presente en más de 50 países con más de 40.000 empleados, opera en sectores como tuberías, acero inoxidable y infraestructura. La confirmación de su participación añade un elemento de interés internacional al proceso, aunque las condiciones finales aún no están cerradas.
El proceso de venta se encuentra en una fase de negociación activa. El calendario previsto para las próximas semanas incluye:
La resolución del concurso, que determinará quién adquiere los activos y qué sucede con la deuda, se espera que se produzca previsiblemente en diciembre. La decisión judicial será determinante no solo para el futuro de la empresa, sino también para la situación laboral de los trabajadores y la estabilidad financiera de la región.
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