La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia que le impuso nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa. El abogado Emilio Cortés solicita que se revoque la condena y que su cliente sea absuelto.
El recurso, de más de cien páginas, cuestiona tanto el origen de la investigación como los fundamentos de la sentencia. Son argumentos de la defensa, no una resolución del tribunal de apelación: el TSJEx deberá examinarlos antes de decidir si confirma, modifica o revoca el fallo.
La defensa cuestiona el origen de la investigación
Cortés sostiene que el procedimiento constituyó una «investigación prospectiva» y afirma que Sánchez fue investigado por ser hermano de Pedro Sánchez, y no a partir de indicios suficientes sobre su actuación en la Diputación de Badajoz. También alega vulneraciones de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
El abogado critica que la instrucción comenzara tras una denuncia de Manos Limpias apoyada, según describe, en informaciones periodísticas. A su juicio, la publicación de noticias no basta para abrir una investigación penal si la denuncia no aporta indicios accesibles y racionales de delito. El recurso afirma, además, que las sospechas iniciales sobre posibles delitos como malversación o fraude no se sostuvieron durante la investigación.
Qué discute sobre la condena
La condena se refiere a la contratación de Sánchez en la Diputación en 2017 y al posterior cambio de denominación de su puesto: de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La Audiencia Provincial de Badajoz consideró que el puesto se creó de forma irregular y que el cambio benefició sus intereses.
La defensa replica que la sentencia no concreta qué hizo Sánchez para intervenir en la preparación o tramitación del expediente ni cómo habría contribuido a «torcer el Derecho». También cuestiona que el fallo trate como equivalentes la coautoría y la cooperación necesaria, y niega que se haya acreditado el dolo, es decir, la intención de cometer el delito.
El recurso impugna asimismo la obtención y el análisis de correos electrónicos corporativos de la Diputación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cortés sostiene que esas actuaciones vulneraron derechos fundamentales por haberse ordenado, según su interpretación, sin indicios suficientes. Esta objeción forma parte de la apelación y queda pendiente de valoración judicial.
La apelación no cambia por sí sola la sentencia
La presentación del recurso abre la revisión de la condena, pero no equivale a una absolución ni determina el resultado. Corresponde al TSJEx resolver los argumentos de ambas partes y decidir sobre el fallo. Mientras no haya una decisión, la sentencia de la Audiencia Provincial sigue siendo el pronunciamiento de primera instancia objeto de apelación.
El caso plantea cuestiones sobre los límites de la investigación penal, la valoración de la prueba y la fundamentación de una condena por prevaricación administrativa. En esta fase, es importante distinguir entre las conclusiones de la Audiencia Provincial, las objeciones expuestas por la defensa y la resolución que adopte el tribunal de apelación.