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BuscarEl Ministerio de Consumo ha requerido a dos plataformas digitales la retirada inmediata de 8.318 anuncios que incumplen la nueva duración mínima de 31 días para el alquiler de temporada. La infracción se concentra en Madrid y podría derivar en expedientes sancionadores si no se corrige.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a dos plataformas digitales la retirada inmediata de 8.318 anuncios de alojamientos turísticos. La Dirección General de Consumo ha determinado que estas ofertas incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos, recientemente modificada por el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre en Consejo de Ministros.
La clave de la infracción radica en la duración de la estancia. La nueva normativa establece un mínimo de 31 días para los contratos de alquiler de temporada. Sin embargo, los anuncios detectados publicitan viviendas turísticas permitiendo reservas por periodos inferiores a este umbral legal. Esta práctica se considera una comunicación desleal por engañosa, lo que constituye una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
El análisis de la Dirección General de Consumo revela una alta concentración de estas irregularidades en una zona concreta. De los 8.318 anuncios requeridos, 6.772 corresponden a la Comunidad de Madrid. Dentro de esta cifra, 6.523 anuncios se localizan específicamente en la ciudad de Madrid.
El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que casi el 80% de los anuncios ilícitos se encuentran en la capital. En este contexto, ha vuelto a reclamar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que cumpla con su responsabilidad y cierre los pisos turísticos ilegales. El ministro recordó que hace un año su departamento remitió al Ayuntamiento un listado con más de 15.000 viviendas turísticas ilegales para su cierre, sin que, según sus palabras, el gobierno municipal haya actuado.
El Ministerio ha utilizado los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales para requerir la retirada de los anuncios. Una vez informadas formalmente, estas plataformas asumen responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados, conforme a la normativa europea.
En caso de no retirar los anuncios o bloquear su acceso, las plataformas podrían enfrentarse a la apertura de un expediente sancionador por parte de Consumo. El ministro ha expresado su esperanza en una "total colaboración" de las plataformas y una "pronta reacción" para que los anuncios desaparezcan de forma inmediata.
Esta actuación se enmarca en una serie de medidas emprendidas por el Ministerio para poner fin a las prácticas ilegales en materia de vivienda. Previamente, Consumo sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, lo que supuso la retirada de más de 65.000 anuncios en ese portal.
Asimismo, Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial. En el ámbito de las inmobiliarias, el Ministerio impuso una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, identificando seis infracciones muy graves y una grave por vulnerar derechos de consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado. Actualmente, Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria por prácticas similares.
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