El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña acordaron comprar el edificio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, después de que se suspendiera el desahucio previsto para sus ocupantes. La propiedad solicitó detener el lanzamiento tras alcanzar un acuerdo de venta con ambas administraciones. La información disponible describe un acuerdo de compra, pero no acredita que la operación ya se haya formalizado.
El inmueble tiene 20 viviendas; 18 estaban afectadas por el procedimiento judicial. En el bloque residían 32 personas, entre ellas menores. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señaló que el procedimiento se inició en 2019 y que los ocupantes no habían aportado informes de vulnerabilidad. Por otra parte, informaciones sobre el caso recogen que algunas familias habían tenido contacto con servicios municipales. Ese contacto no equivale a una acreditación judicial de vulnerabilidad.
Una compra para incorporar el edificio al parque público
La adquisición se tramitará con el Fondo de Emergencia Habitacional, un instrumento de la Generalitat destinado a financiar compras de viviendas vinculadas a situaciones que pueden desembocar en un desahucio. Según la información difundida sobre su creación, el fondo cuenta con una dotación inicial de 25 millones de euros, ampliable hasta 50 millones. El mecanismo contempla que los inmuebles adquiridos pasen a la cartera de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y se destinen a atender necesidades residenciales.
En este caso, las administraciones presentan la compra como una vía para que los residentes puedan permanecer en el edificio. Sin embargo, no se han publicado el precio de la operación ni el reparto del desembolso entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Tampoco se han detallado públicamente las condiciones futuras de ocupación o alquiler para cada hogar.
Movilización vecinal y críticas políticas
La suspensión llegó después de una jornada de movilización frente al inmueble. El teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, reconoció la contribución de los movimientos sociales al acuerdo. La portavoz de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, también atribuyó a la organización vecinal un papel decisivo y criticó que las administraciones se atribuyeran el mérito de frenar el desalojo.
Desde la oposición, el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, cuestionó la transparencia de la decisión y pidió conocer su coste, cómo se distribuirá y qué criterios justifican la compra. También sostuvo que las administraciones no deberían decidir la adquisición de inmuebles bajo presión social. Son críticas políticas; los documentos disponibles no aportan una respuesta oficial detallada sobre el precio ni los criterios concretos aplicados a esta operación.
Qué permite entender este caso sobre el fondo
Llenguadoc 74 es la primera actuación que las fuentes describen como vinculada al recién creado Fondo de Emergencia Habitacional. El caso muestra cómo una compra pública puede servir para interrumpir un lanzamiento cuando la propiedad acepta vender y las administraciones acuerdan la adquisición. No permite, por sí solo, determinar qué condiciones se exigirán en futuras intervenciones ni cómo se comparará esta opción con otras respuestas habitacionales.
Para evaluar el alcance de la operación será relevante conocer su formalización, el coste con fondos públicos, el destino del edificio y las condiciones de residencia de sus ocupantes. Esos datos permitirían distinguir el acuerdo anunciado de la gestión posterior del inmueble y valorar cómo se aplica el fondo en este caso concreto.