Dos cifras que describen aspectos distintos
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado que la regulación de precios haya reducido la oferta de alquiler y ha calificado esa afirmación de «bulo». Su respuesta llega tras un informe de Idealista que cifra en un 44% la caída de las viviendas disponibles para alquiler permanente entre 2018 y 2022, casi 393.000 inmuebles menos.
Rodríguez contrapone esos datos con cifras de la Agencia Tributaria y el Banco de España que, según expuso, muestran 380.000 viviendas más en alquiler entre 2021 y 2025: un aumento medio de unas 95.000 al año. La ministra atribuye parte de ese crecimiento a particulares que destinan o adquieren viviendas para arrendarlas, y sitúa su peso en torno al 90% del mercado, de acuerdo con el informe que compartió.
Las cifras no son directamente intercambiables: el informe de Idealista se refiere a viviendas disponibles en un periodo y el recuento invocado por la ministra al parque de viviendas en alquiler en otro. Por sí solas, no permiten establecer qué explica la diferencia ni atribuirla a una causa concreta.
Menos anuncios no equivale necesariamente a menos viviendas arrendadas
Rodríguez sostiene que han disminuido los anuncios, no el número total de viviendas alquiladas. Señala que los inmuebles no se publican necesariamente en una sola plataforma y relaciona la menor rotación de anuncios con la ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años.
La explicación distingue entre oferta anunciada y viviendas que forman parte del mercado de alquiler. Son indicadores diferentes: un inmueble ocupado mediante un contrato vigente puede no aparecer como anuncio disponible. Aun así, las declaraciones recogidas no aportan una medición común que permita comparar directamente ambos indicadores o verificar cuánto de la variación responde a la duración contractual.
Prórroga extraordinaria anunciada
La ministra también anticipó una prórroga extraordinaria de hasta dos años para inquilinos con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028. Según Rodríguez, la medida se incluiría en un decreto ley cuya convalidación estaba prevista en la Diputación Permanente del Congreso.
La información disponible recoge el anuncio de la ministra, pero no detalla el texto definitivo de la norma ni sus condiciones de aplicación. Por tanto, el alcance concreto dependerá de lo que establezca el decreto ley y de su tramitación.