Una protesta por la vivienda y las condiciones de trabajo
Varias organizaciones sindicales y de inquilinos han acordado convocar una huelga general de 24 horas en España el miércoles 11 de noviembre de 2026. La iniciativa reúne a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas, entre otras organizaciones mencionadas en las informaciones disponibles.
Los convocantes vinculan el problema de la vivienda con los ingresos y las condiciones laborales. En un comunicado conjunto, CCOO y UGT sostienen que la especulación dificulta el acceso a una vivienda digna. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pidió que la movilización sea «masiva» y se construya «desde la base».
Qué reclaman los sindicatos
Las demandas relacionadas con la vivienda incluyen rebajas del alquiler y del precio de la vivienda, contratos de alquiler indefinidos, el fin de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda. También plantean medidas contra la compra especulativa. Las organizaciones difieren en las propuestas concretas: Álvaro Ferreira, de Solidaridad Obrera, defendió crear vivienda pública mediante la expropiación a grandes tenedores y fondos de inversión.
CCOO y UGT incorporan reivindicaciones laborales y económicas: subidas salariales, reducción de jornada, mejoras de salud laboral, medidas contra la precariedad, control de precios y desbloqueo de la negociación colectiva. Miguel Fadrique, secretario general de CGT, señaló que la convocatoria incluye también cuestiones salariales y de pensiones. Andrea Zayas, representante de Co.Bas, llamó a organizar la movilización en centros de trabajo, barrios y centros de estudio.
Un contexto político y un debate sobre su legalidad
La convocatoria llega tras el rechazo del Congreso a dos reales decretos-ley del Gobierno en materia de vivienda. Según las informaciones publicadas, el Ejecutivo volvió a aprobarlos y estaba previsto que la Diputación Permanente examinara uno de ellos. También se anunció un adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026, por lo que la huelga se celebraría en la antesala de la campaña electoral.
La CEOE ha cuestionado que la convocatoria tenga encaje legal. Su presidente, Antonio Garamendi, afirmó, según La Vanguardia, que «todo indica que es ilegal», aunque la patronal señaló que la valoración dependería de conocer los detalles formales de la convocatoria. En sentido distinto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el derecho constitucional de huelga. Estas posiciones reflejan un desacuerdo público: las fuentes no acreditan una resolución judicial sobre la legalidad de la convocatoria.
La huelga se presenta como la primera general en 14 años, según La Vanguardia, que recuerda que la anterior fue en 2012 y estuvo vinculada a las políticas de austeridad. A diferencia de aquella, la movilización anunciada para noviembre sitúa la vivienda en el centro de sus demandas y la relaciona con salarios y condiciones de trabajo.
Para las empresas, la convocatoria plantea un asunto laboral cuya aplicación concreta dependerá de los detalles formales y de las comunicaciones que se emitan. Las informaciones consultadas no especifican servicios mínimos, alcance sectorial ni instrucciones prácticas para centros de trabajo; tampoco permiten anticipar sus efectos sobre cada actividad.