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Noticia · España

El Tribunal Supremo anula el decreto 'antichiringuitos' por un defecto formal en su tramitación

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha invalidado el Real Decreto 905/2025 al considerar que el Gobierno no justificó adecuadamente la tramitación de urgencia. La sentencia, unánime, no entra en el fondo de la norma, sino en el procedimiento, lo que desbloquea proyectos universitarios paralizados y obliga al Ejecutivo a redactar una nueva regulación.

Ilustración conceptual de un martillo de juez golpeando documentos sobre un atril, con un edificio institucional y una grúa de construcción al fondo.
Ilustración editorial · Edition Business

La anulación judicial del Real Decreto 905/2025

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, conocido popularmente como el decreto 'antichiringuitos', que el Gobierno aprobó en octubre de 2025 para endurecer los requisitos de creación y funcionamiento de las universidades privadas en España. La decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con el voto unánime de sus siete magistrados, no cuestiona el contenido sustantivo de la norma, sino su procedimiento de elaboración.

El fallo estima el recurso presentado por la Comunidad de Baleares y concluye que el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que acordó la tramitación urgente del proyecto, no justificó adecuadamente las circunstancias extraordinarias que permitían omitir el trámite de consulta pública previa. Para el alto tribunal, esta omisión constituye una nulidad de pleno derecho, lo que invalida la norma en su totalidad.

Un defecto formal, no de fondo

El núcleo de la sentencia radica en la insuficiencia de la justificación de la urgencia. El Supremo señala que el preámbulo del real decreto "no dedica un solo párrafo" a explicar la tramitación urgente y que el acuerdo gubernamental se limitó a argumentar la necesidad de que la norma estuviera en vigor para el curso académico 2025-2026.

"El único elemento que se emplea para la justificación es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente", señala la sentencia.

El tribunal advierte que las novedades introducidas por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023, aunque podrían ser una fuente de inspiración para la reforma, no aparecen expuestas como motivo de urgencia en el acuerdo del Consejo de Ministros ni en la memoria de la ley. La Sala considera que las circunstancias alegadas "no permiten considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles".

Repercusiones para el sector universitario

La anulación del decreto tiene un impacto inmediato en el ecosistema universitario español, que cuenta actualmente con 50 universidades públicas y 49 privadas. La norma anulada establecía exigencias estrictas, como la obligación de contar con tres programas de doctorado, invertir el 5% del presupuesto en investigación y obtener el 2% de los fondos en concursos competitivos. Además, imponía la necesidad de un informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o su equivalente autonómico, lo que frenó la tramitación de varios proyectos.

Según ABC, una decena de iniciativas universitarias se habían paralizado tras la aprobación del decreto, entre ellas:

  • Aragón: Uniar, The Power University MBA y la Universidad Nicolo Cusano.
  • Galicia: Cesuga.
  • Andalucía: Lucio Ameo Séneca y la Universidad Internacional del Mediterráneo.
  • Extremadura: Uinde (Universidad Internacional de la Empresa) y otra iniciativa.
  • Canarias: Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (Utic).

Con la sentencia, la pelota vuelve a estar en manos de las comunidades autónomas, que son las competentes para autorizar la creación de universidades. El sector privado, representado por asociaciones como Acade, ha valorado "muy positivamente" la decisión, que desbloquea estos proyectos y elimina exigencias como la de superar los 4.500 alumnos en los seis primeros años de actividad.

Reacciones del Gobierno y del sector

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha emitido un comunicado en el que, aunque "respeta" la sentencia, afirma "no compartir" la decisión. El ministerio sostiene que la necesidad de la norma "era y sigue siendo clara y urgente" y que el texto "fue tramitado con todas las garantías", citando el aval del Consejo de Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en la red social X que el Ejecutivo "acata el fallo del Tribunal Supremo, pero no se cruza de brazos". "Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio", añadió, argumentando que "la universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema".

Por su parte, la Coordinadora de Universidades Públicas (CREUP) ha criticado la decisión del Supremo, calificando de "difícilmente comprensible" que se cuestione la existencia de una situación de urgencia. "La rapidez con la que se están creando nuevas universidades no es una cuestión hipotética ni futura, sino una realidad que está transformando el sistema universitario español a una velocidad que exige una respuesta regulatoria", señala su comunicado.

Qué observar ahora

La sentencia abre un nuevo escenario para la regulación de la educación superior en España. El Gobierno debe redactar una nueva norma que cumpla con los trámites legales, incluyendo la consulta pública previa, si desea mantener las exigencias de calidad para las universidades privadas. Este proceso podría llevar varios meses, durante los cuales las comunidades autónomas podrán retomar la tramitación de los proyectos paralizados bajo la normativa anterior.

Fuentes y metodología

  1. El Supremo tumba el decreto del Gobierno para frenar las ... ↗elpais.com
  2. El Tribunal Supremo tumba el decreto de universidades del Gobierno contra la privada ↗ABC
  3. El Supremo anula el decreto que endurecía los criterios ... ↗www.rtve.es
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