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BuscarEl Ministerio anuncia que alineará los calendarios de ambos sistemas para favorecer su convergencia técnica y normativa. La factura electrónica y Verifactu persiguen objetivos distintos, y los cambios anunciados aún deben concretarse.
Hacienda ha anunciado que aplazará la implantación de Verifactu y alineará su calendario con el de la factura electrónica obligatoria para las empresas. Según la información difundida sobre el anuncio, el horizonte para Verifactu se sitúa en octubre de 2028. El Ministerio justifica la decisión por la conveniencia de acercar ambos sistemas desde el punto de vista técnico y normativo.
La fecha debe interpretarse con cautela: Hacienda también ha indicado que abordará modificaciones para coordinar los ámbitos de aplicación y determinados aspectos técnicos. Por tanto, el anuncio de alineación no equivale por sí solo a que todos los nuevos plazos y requisitos estén ya aprobados. Las empresas deberán atender a las disposiciones que se publiquen para conocer el calendario definitivo que les corresponda.
La decisión llega mientras avanza la regulación de la factura electrónica. La publicación de la orden ministerial que detalla los requisitos de la solución pública de la Agencia Tributaria constituye un paso de ese proceso, pero no convierte ambos sistemas en una única obligación.
Verifactu establece requisitos para los sistemas informáticos de facturación, con el propósito de reforzar la integridad y la trazabilidad de los registros y dificultar su alteración. Entre los elementos descritos para estos sistemas figuran la generación de registros con una huella digital y la incorporación de un código QR en las facturas.
La factura electrónica obligatoria, en cambio, regula el intercambio de facturas entre empresas y busca que las operaciones se comuniquen en un formato interoperable. En declaraciones recogidas por elDiario.es, Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, resumió la diferencia: Verifactu se centra en la seguridad y trazabilidad interna de la facturación, mientras que la factura electrónica aborda la interoperabilidad y el control comercial entre empresas.
En consecuencia, adaptarse a uno de los sistemas no sustituye automáticamente la obligación de cumplir el otro. La coordinación de calendarios puede facilitar una transición conjunta, pero no elimina la necesidad de comprobar qué requisitos se aplican a cada negocio.
Hacienda presenta el ajuste como una forma de favorecer la convergencia y evitar que las empresas tengan que adaptar sus sistemas en plazos muy próximos. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha valorado positivamente la coordinación y ha señalado que puede aportar estabilidad y evitar sucesivas adaptaciones en un periodo reducido. Esa valoración es la posición de la asociación, no una garantía de que la implantación vaya a ser sencilla para todas las compañías.
La futura evolución europea también forma parte del contexto. AEDAF sostiene que coordinar la transición española permitiría acercarla al modelo de información digital previsto en la Unión Europea a partir de 2030. Esa referencia ayuda a explicar el debate sobre la convergencia, pero no reemplaza las obligaciones nacionales ni permite anticipar por sí sola cómo quedará la normativa española.
Para las empresas, el anuncio cambia el horizonte temporal de Verifactu, pero no confirma que desaparezcan sus requisitos ni que la factura electrónica quede cubierta por la misma adaptación. La planificación tecnológica tendrá que considerar por separado las funciones de cada sistema y actualizarse cuando se publiquen las modificaciones normativas pendientes.
En particular, habrá que seguir las disposiciones que concreten los nuevos plazos, los sujetos afectados y los requisitos técnicos, así como las reglas aplicables a la factura electrónica y a su solución pública. Hasta entonces, conviene distinguir entre el aplazamiento anunciado y las obligaciones que ya estén formalmente definidas: las fechas y condiciones definitivas dependen de la normativa que finalmente se apruebe.
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