CCOO y UGT acuerdan convocar una huelga general por la vivienda y los salarios

Una convocatoria que conecta salarios y vivienda

CCOO y UGT acordaron convocar una huelga general de 24 horas para reclamar que los salarios permitan acceder a una vivienda digna. La cobertura posterior de Europa Press situó el paro el 11 de noviembre: esa era la fecha acordada por las dos centrales, aunque faltaba cerrar el acuerdo con el Sindicato de Inquilinas y las demás organizaciones interesadas en sumarse.

El anuncio inicial se produjo el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre vivienda y de que movimientos sociales, vecinales y de inquilinos impulsaran movilizaciones. En esa primera comunicación, los sindicatos todavía no habían fijado el día del paro y señalaron que la convocatoria debía coordinarse con otras organizaciones. La fecha del 11 de noviembre, por tanto, refleja el avance posterior de las conversaciones, no que el acuerdo de adhesión ya estuviera cerrado.

La iniciativa plantea que el coste de la vivienda y la evolución de los sueldos están relacionados. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió que el encarecimiento de la vivienda y el estancamiento salarial justificaban una respuesta social. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sostuvo que las subidas salariales pactadas en convenio pueden quedar neutralizadas por el coste de la vivienda.

Las reivindicaciones sindicales

La convocatoria se enmarca en las propuestas de ambos sindicatos para la negociación colectiva y en su decálogo por el derecho a la vivienda. Entre las medidas que recoge ese decálogo figuran un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, límites a los precios del alquiler y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

En el marco del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, las centrales también habían planteado cláusulas de revisión salarial, incrementos de entre el 4% y el 7% y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Los sindicatos llaman a las personas trabajadoras a participar tanto en los centros de trabajo como en la movilización en la calle, y dirigen sus demandas a las administraciones con competencias en vivienda y a las organizaciones empresariales.

El Sindicato de Inquilinas respaldó el anuncio. Su portavoz, Alicia del Río, celebró que las centrales se sumaran a un movimiento que, según afirmó, llevaba diez días movilizado, y pidió que se incorporaran más sindicatos y organizaciones sociales. La participación de esos grupos y el cierre del calendario organizativo seguían pendientes en la información disponible.

La controversia sobre la legalidad

La convocatoria también generó objeciones sobre si una huelga general puede apoyarse en reivindicaciones relacionadas con la vivienda. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuestionó que el paro respondiera a motivos laborales y sostuvo que podría ser ilegal. Algunas organizaciones, entre ellas CSIF, anunciaron que no secundarían la protesta y expresaron reservas sobre su carácter político.

Álvarez rechazó esas críticas y calificó la huelga de «absolutamente constitucional». También defendió que el problema de la vivienda afecta a las condiciones de vida de las personas trabajadoras y que corresponde interpelar a las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, además del Gobierno central.

Estas declaraciones representan posiciones enfrentadas, no una resolución jurídica. La información disponible no acredita que un órgano judicial o administrativo haya declarado legal o ilegal la convocatoria. El debate se centra, precisamente, en la relación entre el motivo habitacional y los intereses profesionales que los sindicatos vinculan a los salarios y la negociación colectiva.